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lunes, 1 de julio de 2013

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía firma con Tíjola, Albox y Serón su adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda

La Junta frena 246 desahucios en ocho meses en Almería 

La oficina provincial de Almería del Programa en Defensa de la Vivienda de la Junta de Andalucía ha contribuido a evitar 246 desahucios en sus primeros ocho meses de funcionamiento. Desde su apertura, la oficina de Almería ha atendido 368 casos, de ellos 246 en el área de intermediación. "Son personas que ya han entrado en mora con la entidad financiera, y por lo tanto están en mayor o menor riesgo de desahucio, y que acuden a nosotros para evitar que se produzca el desalojo y pierdan su vivienda. En todos los casos estas personas permanecen en sus hogares, con lo que cumplimos el objetivo que nos marcamos cuando pusimos en marcha esta iniciativa", ha señalado Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que ha firmado en Almería la adhesión de once municipios de la provincia al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. En Andalucía se han sumado ya al Programa un total de 198 municipios, además de la Diputación de Huelva y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

Cortés ha agradecido a los alcaldes de Tíjola, Albox y Serón (en el Almanzora) y Abla, Alcolea, Níjar, Rioja, Terque, Velefique, Vera y Vícar (en el resto de la provincia) su adhesión al convenio de colaboración con la oficina, que abrió en octubre del año pasado y que, hasta el 31 de mayo, "ha demostrado que la resignación de las administraciones frente a los desahucios no estaba justificada". "Este Programa supuso una ruptura de la neutralidad institucional entre las víctimas de la crisis y las entidades financieras, ya que entre ellas existe un abismo de estatus y de privilegios que hace inaceptable la equidistancia de las administraciones", ha añadido Cortés, que ha animado al resto de municipios almerienses y a la Diputación a adherirse al Programa para "ampliar y fortalecer el bloque institucional contra los desahucios en Andalucía".
Cláusulas abusivas
La oficina de Almería ha atendido 368 casos: 66 de ellos en el área de prevención, 246 en la de intermediación y 56 en la de protección. La atención en la fase de prevención, que se presta cuando aún no existe morosidad, fue solicitada por familias que "temen no poder afrontar las cuotas hipotecarias en breve, o por otras que, antes de firmar su contrato, quieren saber a qué se exponen", ha explicado Cortés, que ha detallado que estas personas reciben "información y asesoramiento, evitando preventivamente verse en situaciones de amenaza de su derecho a la vivienda".
Cortés ha advertido que, en el área de prevención, los funcionarios que asisten estas oficinas han detectado que aún se firman contratos con cláusulas abusivas, algo "inaceptable", a juicio de la consejera. En este sentido, Cortés ha afirmado que la sentencia del Tribunal Supremo anulando las cláusulas suelo de BBVA, Cajamar y Novagalicia "debe aplicarse ya a todas las entidades financieras".
"Es absolutamente insuficiente que el Gobierno se limite a indicar al Banco de España que intente convencer a las entidades financieras de que supriman estas cláusulas, volviendo a dejar la decisión al albur de la buena voluntad de los bancos", ha señalado Cortés, para quien "resulta paradójico que el mismo Gobierno que ha dinamitado el mercado del alquiler con la ley de arrendamientos urbanos, estableciendo el desahucio exprés, o que ha aprobado una reforma laboral salvaje y sin miramientos, no se atreva ahora a cambiar la legislación existente o a promover legislación nueva para abolir todas las cláusulas suelo". "El Gobierno puede y debe actuar contra estas cláusulas. Lo contrario es ser fuerte con el débil y débil con el fuerte", ha añadido.

En la fase de intermediación han acudido a las oficinas 246 familias, que se mantienen en sus viviendas gracias al asesoramiento temprano de los funcionarios de la oficina, o bien a negociaciones con las entidades financieras que han desembocado en forma de soluciones como renegociaciones del préstamo, carencias, daciones en pago con o son alquileres sociales o reestructuraciones de deuda, entre otras. "Son soluciones paliativas, que evitan que las familias pierdan su casa. El mango de la sartén para solucionar los problemas de fondo de estas familias lo tiene el Gobierno central, que puede actuar sobre la legislación estatal y no lo hace", ha señalado Cortés, que ha afirmado que la Consejería de Fomento y Vivienda está "exprimiendo sus competencias" para combatir los desahucios, tanto con estas oficinas como con el Decreto-Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda.

"Tanto este Decreto-Ley como la sentencia de abril del Tribunal de Luxemburgo fortalecen enormemente este Programa contra los desahucios, al dar más herramientas de defensa a las familias que acuden a las oficinas", ha señalado Cortés. En este sentido, ha afirmado que las oficinas son puerta de entrada de las familias que pretenden acogerse a la expropiación temporal del uso de sus viviendas. "En los casos en que cumplan los requisitos, podremos iniciar los trámites para expropiar temporalmente las viviendas y ofrecer un respiro a las familias que, de ser desahuciadas, quedarían en situación de exclusión social", ha explicado.
En la fase de protección, han acudido a la oficina 56 personas. En estos casos, la mediación de la Consejería abarca medidas que van desde contactar con las entidades financieras o con los juzgados para intentar dilatar suspender los desalojos hasta pedir a los servicios sociales de los Ayuntamientos que arbitren soluciones de urgencia, supervisando en todo caso que la familia no queda sin alternativa habitacional. A ello se suma la posibilidad, en caso de que se cumplan los requisitos, de que las familias se beneficien de la expropiación temporal del uso de sus viviendas.
"Además de estas oficinas, que ofrecen una atención paliativa, exprimimos nuestras competencias para atacar la raíz del problema", ha señalado Cortés, que ha afirmado que esa es precisamente la pretensión del Decreto-Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda. "En la provincia de Almería hay más de 70.000 viviendas vacías, una cifra absolutamente inasumible en medio de una oleada de desahucios", ha señalado Cortés, que ha recordado que el Decreto-Ley establece sanciones para bancos e inmobiliarias que no pongan en alquiler sus viviendas vacías, así como incentivos para personas físicas."Lo que pretendemos es modificar el comportamiento del mercado, y hacer que haya más vivienda en alquiler a precio asequible, teniendo en cuenta que la renta familiar ha caído un 20%. La garantía del derecho a la vivienda no pasa ahora, tras años de construcción desaforada, por la construcción de más vivienda, sino por aflorar la ya existente y deshabitada", ha concluido la consejera.

Fuente: Ideal.es

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