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jueves, 11 de julio de 2013

Depuración de aguas estancada en la provincia



La provincia sigue teniendo graves problemas con el ciclo integral del agua por el histórico déficit de las infraestructuras de depuración y saneamiento. La Junta de Andalucía creó a finales de 2010, a raíz de la aprobación de la Ley de Aguas, la figura de obras interés público para dar prioridad a actuaciones con las que proteger el medio ambiente de los efectos negativos de los vertidos de las aguas residuales y en la provincia catalogó un total de 38 proyectos necesarios, de los que sólo unos cuantos se han culminado desde entonces.

La Ley Integral del Agua quiere implantar en el horizonte de 2015 los sistemas de depuración en el 100% de municipios, tal y como marcan con amenaza de sanción las directivas comunitarias de la Unión Europea, y desde que fue aprobada en julio de 2010 apenas se ha movido ficha en la provincia, a pesar de que era referente en la gestión de las aguas fecales al avanzar más y con antelación al resto en la costosa batalla por la calidad de las aguas. La Junta ha situado el acceso a la depuración en un 90% de la población, cifra que no se correspondería con los municipios afectados por obras pendientes, nada menos que 69.

Desde hace un par de años, ya en plena crisis, se realiza el cobro de un 'plus' a los almerienses cada mes en su factura por parte de las concesionarias del agua, que las incrementó entre un 7 y un 10%, con el objetivo de financiar estas infraestructuras de saneamiento y depuración sin ejecutar todavía. 


A pesar de generar en torno a 22 hectómetros cúbicos en procesos de reutilización, la provincia ya ha dejado de ser pionera porque esta treintena de proyectos no acaban de salir del cajón de la Consejería de Medio Ambiente. Las empresas del sector del agua, agrupadas en la Asociación de Agua y Abastecimientos (ASA) de Andalucía, han hecho un llamamiento a la Junta para el desarrollo de un Plan de Depuración por provincias que contempla en Almería la puesta en marcha de los 38 proyectos que fueron declarados de interés público y estiman la inversión en torno a los 164 millones de euros. La administración andaluza, a la hora de explicar el canon, subió la inversión que se ejecutaría a 216,5 millones y anunció la creación de 3.500 puestos de trabajo.

Entre las infraestructuras sin compromiso real de ejecución aparecen la ampliación de colectores o de la red en Armuña y Tíjola.

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