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lunes, 8 de abril de 2013

Multas económicas en la nueva ordenanza para la tenencia de perros en Tíjola

El alcalde ya ha dado orden a la Policía para que extreme la vigilancia y sancione a los ciudadanos que la incumplan, para acabar con los problemas de limpieza.

El edil advirtió que el Ayuntamiento hará cumplir la ordenanza a través de la Policía Local, estrechando la vigilancia sobre los dueños de animales que incumplan la normativa o maltraten a sus mascotas, con multas que pueden alcanzar los 300€ euros. 

Los vecinos esperan que, contrariamente a lo ocurrido en otras legislaturas, el aviso municipal se cumpla. El concejal advierte de que estrechará la vigilancia sobre los dueños de animales que incumplan la normativa o maltraten a sus mascotas 

La Ordenanza de Perros al completa publicada en el BOP (Boletín Oficial Provincial)

AYUNTAMIENTO DE TÍJOLA
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente elevado a defi nitivo
el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA DE PERROS EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE TIJOLA, del Ayuntamiento de Tíjola cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
“ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA DE PERROS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TIJOLA
La Ordenanza que regula en el municipio de Tíjola, la limpieza viaria y la gestión de los residuos sólidos urbanos, de naturaleza
orgánica, producida por la “falta” de sensibilización y decoro de los ciudadanos como meros detentadores de animales domésticos.
Ciudadanos, que no respetan el entorno urbano, ni respetan los criterios de mero civismo y respeto a los conciudadanos.
Artículo 1.-
La presente ordenanza tiene por objeto regular las relaciones derivadas de la convivencia entre las personas y los perros,
tanto de compañía como los utilizados con fi nes deportivos, guarda y lucrativos, conjugando tanto las molestias y daños que
puedan ocasionar estos animales, como las ventajas de su compañía, ayuda y satisfacciones deportivas y de recreo que puedan
reportar a las personas. De este modo se establece la normativa aplicable a la tenencia de perros para hacerla compatible con
la higiene, la salud pública y la seguridad de las personas y de los bienes.
Artículo 2.-
La presente ordenanza será de aplicación en Término municipal de Tíjola.
Artículo 3.-
1 Con carácter general se autoriza la tenencia de perros en los domicilios particulares siempre que las condiciones higiénicas
del alojamiento sean las adecuadas, y no se causen molestias a los vecinos que no sean las derivadas de la naturaleza misma
del animal.
2- La autoridad municipal podrá ordenar el traslado de los animales a un lugar más adecuado cuando no se cumplan las
condiciones prescritas en el artículo anterior, y siempre que no se hiciese voluntariamente por el poseedor del animal después
de ser requerido para ello.
Artículo 4.-
1. Los propietarios o poseedores de perros están obligados a suministrar cuantos datos de información les fueran requeridos
por las Autoridades competentes o sus agentes
2.- Los agentes de la autoridad podrán recabar cuantos antecedentes, documentos y datos de los animales crean necesarios
para la emisión de sus informes
Artículo 5.-
1.- Los propietarios o poseedores de perros están obligados a que dichos animales tengan el micro chip y la cartilla sanitaria
actualizada.
En el censo canino deberá fi gurar una reseña abreviada de cada perro, así como el nombre, documento nacional de identidad
y domicilio del dueño.
2.- Las bajas por muerte o desaparición de los animales serán comunicadas por los propietarios o poseedores de los mismos
en el plazo de diez días, a contar desde aquel en que se produjeran, acompañando a tales efectos la tarjeta sanitaria del animal.
Los propietarios o poseedores de los perros que cambien de domicilio o transfi eran la posesión del animal, lo comunicarán en el
plazo de diez días.
Artículo 6.-
1.- Se considerará perro vagabundo aquel que no tenga dueño conocido, domicilio, ni este censado, o aquel que circule sin
ser conducido por una persona en poblaciones o vías interurbanas.

2.- No tendrá, sin embargo, la consideración de perro vagabundo aquel que camine al lado de su amo con collar y micro chip,
aunque circunstancialmente no sea conducido sujeto por correa o cadena.
Artículo 7.-
En la medida y límites que resulte necesaria, por razones sanitarias, podrá ordenarse la intensifi cación de la recogida de
perros vagabundos en zonas y épocas determinadas.
Artículo 8.-
1.- En las vías públicas transitadas habitualmente, los perros irán provistos de correa o cadena y collar.
2.- La Autoridad Municipal, cuando las circunstancias sanitarias así lo aconsejen, podrá ordenar el uso del bozal y mientras
duren aquellas.
3.- Deberán circular, en todo caso, con bozal aquellos perros cuya peligrosidad sea razonablemente previsible dada su
naturaleza y características.
Artículo 9.-
1.- Como medida higiénica, las personas que conduzcan perros dentro de las poblaciones impedirán que éstos depositen sus
deyecciones en aceras, plazas, jardines, paseos, vías públicas y, en general, en cualquier lugar destinado al transito de peatones.
En el supuesto de que un perro haga sus deyecciones en la vía pública, el propietario las recogerá en una bolsa de plástico y las
depositará en un contenedor.
2.- Queda prohibida la limpieza y lavado de animales en la vía pública.
Artículo 10.-
Los perros vagabundos y los que si serlo circulen por la población desprovistos de collar con la medalla de control sanitario,
serán recogidos por los servicios municipales. Durante un período de siete días podrán ser recogidos por la persona que acredite
ser su propietario o poseedor, y transcurrido dicho periodo podrá adoptar el animal cualquier persona interesada. Si nadie lo
hiciere en el plazo de tres días, se procederá a su sacrifi cio. Si la recogida del perro tuviere como motivo carencia de micro chip y
control sanitario, el propietario deberá obtenerla en el plazo de cinco días. Cuando el perro recogido fuera portador de micro chip,
el periodo de retención se ampliara a catorce días. Transcurrido el plazo legal de recuperación y antes de su sacrifi cio podrán
darse en adopción, tras proveerse el propietario de la cartilla sanitaria y microchip proceder a su inscripción.
Artículo 11.-
1.- Los perros que hayan mordido a una persona serán retenidos por los correspondientes servicios municipales y se
mantendrán en observación veterinaria durante catorce días. Si se repitiesen los hechos se ordenará el sacrifi cio del animal.
2.- Los gastos ocasionados por las retenciones previstas en este artículo y el anterior serán de cuenta del propietario del
animal, a razón de cinco euros diarios. Si se adoptara el perro por alguna persona, no se pagarán los gastos de retención,
solamente se abonarán los gastos legales estipulados por las autoridades veterinarias.-
Artículo 12.-
1.- Los medios empleados en la captura y transporte de perros vagabundos, tendrán las condiciones higiénico-sanitarias
precisas.
2.- El sacrifi cio obligatorio por razón de sanidad animal o salud pública se realizara por procedimientos eutanásicos.
Artículo 13.-
Queda prohibida la circulación de perros y otros animales en piscinas públicas y jardines públicos.
Artículo 14.-
La tenencia de perros y otros animales de compañía en viviendas urbanas queda condicionada a las circunstancias higiénicas
óptimas y a la inexistencia de molestias para los vecinos.
Artículo 15.-
Los propietarios de los perros que no deseen continuar poseyéndolos deberán entregarlos a los servicios municipales.
Artículo 16.-
1.- Las personas que utilicen perros para la vigilancia de obras o de cualesquiera recintos o espacios análogos, tendrán que
procurarles alimento, alojamiento y cuidados adecuados y deberán proceder a su inscripción. En caso de incumplimiento de
estas obligaciones, la administración municipal podrá disponer el traslado de los perros a un establecimiento adecuado con cargo
a aquellas y adoptar cualquier otra medida que se estime pertinente. La no retirada del perro, una vez fi nalizadas las obras, se
considerara como abandono y será sancionado como tal. Estos perros irán provistos de bozal cuando así lo ordene la autoridad
municipal.
2.- Los dueños o personas responsables estarán obligados a situar, en lugar bien visible, un cartel en el que se advierta la
existencia de perro guardián o peligroso.
Artículo 17.-
Los veterinarios en ejercicio de este municipio, así como las clínicas y consultorios veterinarios que suministren la tarjeta
sanitaria canina ofi cial, deberán llevar un archivo con la fi cha clínica de los animales objeto de vacunación y tratamiento obligatorio,
que estará a disposición de la autoridad competente.
Artículo 18.- Reparación de daños.
Con independencia de la sanción económica que se pueda imponer mediante el oportuno procedimiento sancionador contra
aquellas personas que incumplan lo preceptuado en esta Ordenanza, la autoridad municipal exigirá al causante de un deterioro
la reparación de los daños causados, sin perjuicio de la imposición de la sanción que corresponda.
Artículo 19.- Otros supuestos.
Sin menoscabo de las ordenanzas municipales publicadas específi camente sobre la materia, en aquellos acontecimientos o
celebraciones festivas tradicionales o esporádicas que se celebren en el municipio, en los que tengan una participación activa
los animales domésticos, además de requerirse una previa autorización municipal para su realización y participación de los
animales, se establecerán las medidas oportunas para preservar la higiene urbana de la zona o lugares donde se produzca la
concurrencia de los mismos.
Artículo 20.- Inspección.
Corresponde a los Ayuntamientos la potestad sancionadora, vigilancia, control y medidas cautelares en los casos contemplados
en esta Ordenanza, sin perjuicio de dar cuenta a las autoridades judiciales y administración competentes de las conductas e
infracciones cuya inspección y sanción tengan atribuidas legal o reglamentariamente.
Los ciudadanos y usuarios del servicio están obligados a prestar toda la colaboración a las inspecciones a que se refi ere
este artículo, a fi n de permitir la realización de cualesquiera exámenes, controles, encuestas, toma de muestras y recogida de
información necesaria para el cumplimiento de su misión.
Artículo 21.- Delegación de competencias.
El Ayuntamiento ejercerá las competencias directamente. A estos efectos, la potestad sancionadora compete al Alcalde o al
Concejal-Delegado de Medio Ambiente, por delegación de aquél.
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Artículo 22.-
Tendrán la consideración de animales potencialmente peligrosos todos los pertenecientes a la especie canina, incluidos dentro
de una tipología racial, que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan la capacidad de causar la muerte
o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas. Y que pertenezcan a las razas y/o a los cruces siguientes:
♦ Pit Bull Terrier Americano
♦ Staffordshire Bull Terrier
♦ Amstaff
♦ Rottweiler
♦ Dogo Argentino
♦ Fila Brasileiro
♦ Tosa Inu
♦ Akita Inu
♦ Dóberman
♦ Bullmastiff
♦ Dogo de buirdeos
♦ Matín napolitano
Así como aquellos cuyas características se correspondan todas o la mayoría con las que se transcriben a continuación:
♦ Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, confi guración atlética, agilidad, vigor y resistencia.
♦ Marcado carácter y gran valor.
♦ Pelo corto.
♦ Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kg.
♦ Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas.
♦ Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.
♦ Cuello ancho, musculoso y corto.
♦ Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto.
♦ Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con patas relativamente
largas formando un ángulo moderado.
Artículo 23.-
Todos los perros que tengan estas características tendrán que estar identifi cados obligatoriamente por un microchip.
Artículo 24.-
Los perros pastores quedaran eximidos de ir atados y con bozal solo cuando vayan acompañando al ganado, en cualquier otra
circunstancia deberán cumplir lo dispuesto en la presente ordenanza.
RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 25.-
1.- Se establecen como infracciones a la Ordenanza Municipal las siguientes:
1. Infracciones Leves
- No poseer los perros el micro chip y la cartilla sanitaria actualizada (artículo 5.1).
- No recoger las deyecciones en la vía pública, aceras, plazas, jardines y/o en cualquier lugar destinado al transito de peatones,
así como lavar a los animales en la vía pública (artículo 9)

La circulación de perros y otros animales en piscinas públicas y jardines públicos. (artículo 13)
- No tener instalado en lugar bien visible, un cartel en el que se advierta la existencia de perro guardián o peligroso (artículo
16.2)
- No prestar toda la colaboración a las inspecciones a fi n de permitir la realización de cualesquiera exámenes, controles,
encuestas, toma de muestras y recogida de información necesarias. (Artículo 20).
2. Infracciones Graves
- La obstrucción, activa o pasiva, a la actividad municipal en la materia objeto de esta Ordenanza.
- El incumplimiento, activo o pasivo, de las prescripciones de esta Ordenanza cuando por su entidad comporte una afección
grave a la higiene urbana y medio ambiente.
- La exhibición a la autoridad o sus Agentes de documentación falsa relativa al Servicio o el ocultamiento de los datos obligados
a suministrar en el ejercicio de la competencia municipal.
- La reincidencia en faltas leves.
- El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.
- Causarles daños o cometer actos de crueldad o malos tratos a los animales.
3.- Son faltas muy graves:
a) El incumplimiento, activo o pasivo, de las prescripciones de esta Ordenanza cuando por su entidad comporte una afección
muy grave o irreversible a la higiene urbana y medio ambiente.
b) Depositar desechos o residuos sólidos urbanos fuera de los lugares establecidos por el Ayuntamiento en los núcleos
urbanos.
c) La reincidencia en faltas graves.
A los efectos previstos en los apartados anteriores, se entiende por reincidencia el hecho de haber sido sancionado el inculpado
por similar falta, por otra a la que se señale igual o superior sanción o por dos o más a las que se señale una sanción menor.
A estos efectos, no se computarán los antecedentes ya rehabilitados, produciéndose la rehabilitación de las sanciones en la
forma siguiente:
a) A los 6 meses, las leves.
b) A los 2 años, las graves.
c) A los 3 años, las muy graves.
2.- Sanciones.-
Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que se haya podido incurrir, que se exigirán por la vía procedente,
dándose traslado a la autoridad competente, y de las medidas complementarias establecidas más adelante, las infracciones a
esta Ordenanza se sancionarán en la siguiente forma:
Las infracciones leves se sancionarán con multas de 30 a 100 € y apercibimiento.-
Las infracciones graves se sancionarán con multas de 101 a 200 €
Las infracciones muy graves se sancionarán con multas de 201 a 300 €
En la graduación de las multas se valorará el grado de culpabilidad, reincidencia, intencionalidad, alarma social y daño
causado y la peligrosidad que implique la infracción.-
El importe de las sanciones podrá ser redimido por la prestación personal en la realización de las labores propias del ámbito
de la presente ordenanza, que repercutan en la comunidad.
Artículo 26.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
1.- Iniciación
El procedimiento sancionador se iniciará por resolución del Alcalde o del Concejal-Delegado del Área de Medio Ambiente, a
instancia de parte o de ofi cio, por acta o denuncia de la Inspección del Servicio.
No obstante, con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrán realizar actuaciones previas con objeto de determinar
con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifi quen tal iniciación.
La resolución de incoación deberá contener:
a) Identifi cación de la persona o personas presuntamente responsables.
b) Exposición abreviada de los hechos que motivan la incoación del expediente, su posible califi cación y sanciones que
puedan corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.
c) Instructor y, en su caso, Secretario, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos.
d) Órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de
que el inculpado pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos previstos en el Artículo 8 del Real Decreto
1398/93.
e) Medidas de carácter provisional adoptadas, en su caso
f) Indicación del derecho y formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio.
El Decreto de iniciación se comunicará al Instructor con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto. Asimismo, el
referido Decreto se notifi cará al inculpado y a los restantes interesados, habilitando un plazo de quince días para recusar al
Instructor y/o Secretario y aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones se estimen convenientes y, en su caso,
proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse

2.- Prueba.
Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo señalado al efecto, el Instructor podrá acordar la apertura de un periodo de
prueba, de conformidad con lo previsto en los Artículos 80 y 137.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Artículo 17 del Real Decreto 1398/93 por el que se regula el procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora.
3.- Propuesta de Resolución.
Concluida, en su caso, la prueba, el Instructor del procedimiento formulará propuesta de resolución en la que se fi jarán de
forma motivada los hechos, especifi cándose los que se consideren probados y su exacta califi cación jurídica, se determinará la
infracción que, en su caso, aquellos constituyan y la persona o personas que resulten responsables, especifi cándose la sanción
que se propone y las medidas provisionales que se hubieran adoptado, o bien, se propondrá la declaración de la existencia de
infracción o responsabilidad.
4.- Audiencia.
La propuesta de resolución se notifi cará al inculpado y restantes interesados, indicando la puesta de manifi esto de
mantenimiento y concediendo un plazo de quince días para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen
pertinentes ante el Instructor.
Tras la anterior, la propuesta de resolución se cursará inmediatamente al órgano competente para resolver el procedimiento,
junto con los documentos, alegaciones, e informaciones que obren en el mismo.
5.- Resolución.
En el plazo de diez días desde la recepción de la propuesta de resolución, el órgano competente dictará resolución que
será motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento,
trasladándose al inculpado y demás interesados, con indicación de los recursos que quepan contra la misma.
6.- Recursos.
Las resoluciones de imposición de sanciones ponen fi n a la vía administrativa y contra las mismas cabe interponer Recurso
Contencioso Administrativo, ante la Sala de los Contencioso- Administrativo de GRANADA, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al en que se reciba su notifi cación.
7.- Procedimiento simplifi cado.
En el supuesto de que el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que existen elementos de juicio sufi cientes
para califi car la infracción como debe, se tramitará el procedimiento simplifi cado en el Artículo 24 en el Real Decreto 1398/93, de
4 de agosto.
8.- Prescripción.
1.- Las infracciones y sanciones tipifi cadas en la presente Ordenanza prescribirán:
a) Las leves, a los dos meses
b) Las graves, al año
c) Las muy graves, a los dos años.
2.- El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.
Interrumpirá la prescripción la iniciación con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo
de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto
responsable.
3.- El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera fi rmeza la
resolución por la que se impone la sanción.
9.- Medidas complementarias.
Por razones de urgencia y cuando concurran circunstancias que afecten a la salubridad o al orden público en su vertiente de
higiene urbana, podrá procederse a la clausura cautelar o suspensión de la actividad que infrinja lo dispuesto en esta Ordenanza,
incluyéndose dentro de estos conceptos la inmovilización de los vehículos, la retirada de contenedores, de elementos publicitarios
y el precinto de los aparatos o instalaciones que provoquen dicha afección.
10.- Ejecuciones subsidiarias.
Sin perjuicio de la potestad sancionadora establecida en este capítulo, en caso de incumplimiento por los usuarios del servicio
de los deberes que les incumben en la materia, tras requerimiento al efecto, se podrá efectuar la ejecución subsidiaria por el
Ayuntamiento, por cuenta de los responsables y al margen de las indemnizaciones a que hubiere lugar.
No será necesario requerimiento previo, pudiendo procederse de modo inmediato a la ejecución cuando de la persistencia de
la situación pudiera derivarse un peligro inminente para la salud humana, los recursos naturales o el medio ambiente.
11.- Obligación de reponer.
1.- Los infractores estarán obligados a la reposición o restauración de los daños producidos que podrá comprender la retirada
de residuos, la destrucción o demolición de obras e instalaciones y, en general, la ejecución de cuantos trabajos sean precisos
para tal fi nalidad, en la forma y condiciones fi jadas por el órgano que impuso la sanción.
2.- El responsable de las infracciones debe indemnizar los daños y perjuicios causados.
12.- Las cantidades que se adeuden a la Administración Municipal tanto por las sanciones como por cualquier otro concepto,
podrán exigirse por vía de apremio.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Se faculta expresamente al Alcalde u órgano que actúe por delegación expresa del mismo en esta materia para interpretar,
aclarar, desarrollar y ejecutar las prescripciones de esta Ordenanza, así como para suplir, transitoriamente por razones de
urgencia y hasta que exista pronunciamiento en la primera sesión que celebre a continuación el Pleno del Ayuntamiento, los
vacíos normativos que pudieren existir en la misma.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango regulen las materias contenidas en esta Ordenanza, en
cuanto la contradigan o sean incompatibles con la misma.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
En lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica sobre la materia,
señaladamente el Decreto 287/2002 de 22 de Marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de Diciembre, sobre el régimen
jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados,
así como en aplicación de lo dispuesto en la Ley 7/07 9 de julio de control integrado de prevención de la contaminación, y demás
normativa que afecte a esta materia, ya sea sectorial, ya de Régimen Local.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Entrada en vigor.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, la presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles de su publicación integra en el Boletín Ofi cial de la
Provincia, una vez aprobado defi nitivamente por el Pleno de la Corporación, o haya transcurrido el periodo de información pública,
tras la aprobación Inicial por el Pleno de la Corporación, y no se hayan formulado alegaciones, reclamaciones o sugerencias,
entendiéndose defi nitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional según el art. 49.c) LRBRL.”
Contra el presente Acuerdo, se interponer recurso contencioso-administrativo, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con Sede en Granada, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
En Tíjola, a nueve de Enero de dos mil trece.- EL ALCALDE, Mario Padilla Maldonado.
249/13

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